Las portavoces de Ciudadanos en el Ayuntamiento y la Diputación de Albacete, Carmen Picazo y Francis Rubio, han celebrado una reunión de trabajo con los responsables de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Julián Morcillo y Ramón Sáez, secretario regional y secretario provincial respectivamente. Durante el encuentro, Morcillo ha explicado la problemática que atraviesa el sureste de Albacete en materia de agua y ha abierto una línea de comunicación y debate en temas agrícolas y ganaderos con el partido naranja. Carmen Picazo y Francis Rubio han mostrado su sensibilidad hacia lo que consideran «un grave problema que afecta a los intereses de regantes y usuarios del sureste de Albacete», que representa, con 4.573 kilómetros cuadrados de extensión, el 25% de la cuenca del Segura. Rubio, como portavoz de Ciudadanos en la Diputación, ha destacado que «el regadío es fundamental para la supervivencia de miles de familias en nuestra provincia, y su acceso e infraestructuras son asuntos prioritarios para nosotros». En este sentido, ha manifestado la voluntad de que el partido naranja mantenga en el futuro una relación estrecha y fluida con las organizaciones agrarias para trabajar en esta línea.
Este problema afecta a 32 municipios que, en su mayor parte, subsisten gracias al sector primario y que se verían abocados al secano si no disponen de un recurso básico como es el agua. Los responsables de UPA también han dado cuenta a las concejales naranjas de los dos últimos procesos de planificación llevados a cabo, que cuentan con una resolución en contra de la propia secretaría de Estado de Medio Ambiente.
Las portavoces del partido naranja en el Ayuntamiento y la Diputación se reúnen con los responsables de la UPA en Albacete y Castilla-La Mancha.
Pozos de sequía
Finalmente se ha tratado la cuestión de la indefensión de los regantes ante la apertura de pozos de sequía, amparada por la toma en razón de las obras de emergencia necesarias para el acondicionamiento, puesta en marcha y explotación de la batería estratégica de sondeos en el término municipal de Hellín por un importe de más de 1,2 millones de euros aprobada en consejo de Ministros el 8 de septiembre.